La noticia de que un juez de faltas de Santa Rosa de Calamuchita, Córdoba, eximió de pagar una multa a dos motociclistas que no
usaban casco, desató polémicas y generó un debate profundo.

Es sabido que los pasajeros de una motocicleta son mucho más vulnerables ante la eventualidad de un siniestro, ya que cuentan con una mínima protección en el caso de un choque. Hay estudios que demuestran que a igualdad de velocidades de impacto sobre la motocicleta se registran aproximadamente 7 veces más lesiones que con un auto. En este contexto la utilización del casco reglamentario por parte de los ocupantes de la moto, más allá de ser obligatoria, es la única protección posible para minimizar los riesgos de lesiones.

La utilización de esta protección previene un 67% las lesiones cerebrales y reduce un 36% las posibilidades de muerte en un siniestro vial.
Si analizamos las cifras que nos proveen los médicos de las compañías de seguros, podemos observar que entre 2006 y 2009, del total de lesionados graves en siniestros viales, el 36,3% corresponde a los conductores de motociclistas y los acompañantes de motociclistas alcanzan el 7,7%, del total de lesiones de tránsito, y dentro de este contexto los jóvenes de 18 a 30 años se llevan casi la mitad de la torta (49,1%).

Esta realidad solamente puede modificarse si logramos implementar un cambio cultural en el que la utilización del casco sea interpretada no sólo como una obligación sino como una necesidad para impedir o minimizar las consecuencias de los siniestros viales. Por esta razón,
desde CESVI consideramos que para cambiar esta cultura de inseguridad vial, necesariamente, se deben implementar acciones y tomar medidas que contemplen tanto la concientización y la educación, como también el control y la sanción.
Y, en este sentido, el Poder Judicial debe actuar en consecuencia ya que medidas que van en contra de la seguridad vial son un enorme retroceso a todo el trabajo que se está haciendo desde el punto de vista de la prevención.

Asimismo, el hecho de circular sin casco puede generar prejuicios al resto de la comunidad ya sea porque, en un siniestro, el tercero involucrado puede sufrir mayores consecuencias civiles y/o penales por la gravedad de las lesiones producto del no uso del casco, como
así también porque la salud pública debería atender a un paciente que de haber usado casco no hubiera alcanzado altos niveles de lesividad, permitiendo que esa asistencia médica sea destinada a otros ciudadanos conmenores recursos.

En la legislación de tránsito vigente, el uso del casco es obligatorio, por este motivo no viola los derechos individuales de las personas, sino por el contrario cualquier motociclista que asume el compromiso de conocer y respetar las normas de tránsito, está asumiendo el compromiso de proteger tanto su vida como la de los demás.
El juez de Córdoba finalmente fue destituido y revocaron su fallo, pero valió la pena la ocasión para hacer hincapié en la importancia que representa el uso del casco tanto para motociclistas y acompañantes.