La trágica realidad vial que vivimos en nuestro país tiene hoy una respuesta concreta. El Gobierno Nacional elaboró un plan que tiene el objetivo de reducir en un 50% la cantidad de accidentes de tránsito en un período de 5 años. Un plan con acciones y medidas que dan respuestas concretas a un reclamo que CESVI, diversas organizaciones sociales y el resto de la sociedad viene planteando desde hace años, evidenciando una decisión política concreta y un compromiso real de bajar la siniestralidad vial.

Esperemos que mientras esté leyendo estas líneas, el Congreso Nacional haya promulgado la ley y se esté elaborando la Reglamentación correspondiente y que no hayan ganado la pulseada los lobbies empresariales o sindicales que tan acostumbrados nos tienen a echar por tierra buenos proyectos por priorizar intereses sectoriales.

Las “Acciones 2008 del Plan Nacional de Seguridad Vial 2006-2009” fueron presentadas en febrero por la presidenta Cristina Fernández y el Ministro del Interior, Florencio Randazzo, en presencia de todo el gabinete y de los gobernadores de varias provincias e intendentes de los mayores distritos bonaerenses, lo que demuestra un plano de consenso y acuerdo importante, ya que recordemos que toda política de seguridad vial requiere la adhesión de las provincias.

En este sentido puede ser muy importante la acción de la proyectada Agencia Nacional de Seguridad Vial, una autoridad única con presupuesto propio encargada de implementar las acciones y quien coordinará la creación de una nueva e imprescindible licencia nacional de conducir y la implementación de un sistema de puntaje, con criterios unificados para todo el país y con un registro único de infracciones que impedirá que los infractores crónicos puedan sacar tantas licencias como municipios existen. Por otra parte el proyecto contempla inversión en infraestructura vial, aunque aún no se fijaron cuáles son las rutas que serán transformadas en autopistas ni los plazos en los que se producirán las obras.

Estas medidas están acompañadas por acciones concretas que sustentarán los cuatro aspectos fundamentales para que el cambio vial se implemente: educación obligatoria para todos los niveles; concientización a la sociedad con una campaña de comunicación permanente de prevención; controles de alcoholemia y velocidad mediante la radarización de rutas y autopistas y, por último, sanciones a los infractores considerando el retiro de licencia ante faltas graves, como el exceso de velocidad, la violación de semáforos, el no uso de casco, conducir alcoholizado, circular de contramano o ausencia de la VTV.

Establecer estos dos últimos puntos es muy relevante porque muestra signos de maduración política concretos que hasta hace poco eran impensados. No existe nada más democrático y progresista que el imperio de la Ley, única garantía de igualdad de derechos, libertad plena y de castigos para quienes se salen de ella, y por otra parte descarta absurdas y anacrónicas dicotomías que manifiestan que el control y las sanciones son sinónimo de mano dura y autoritarismo. Basta recordar las épocas más duras y aciagas de nuestra historia en las que el Congreso Nacional estaba cerrado y las leyes, los controles y la justicia se impartían en la oscuridad de largas noches de muerte.

Todas estas medidas obviamente demandarán mucho esfuerzo y compromiso por parte de la sociedad toda, pero también es sabido que esto se debe dar a partir de un fuerte cambio cultural que contemple el respeto por las normas y fundamentalmente un aprecio mayor por la vida propia y la del resto de los habitantes de nuestro querido país. Quizás de esta manera podremos empezar a soñar con un tránsito más seguro y humano para las generaciones venideras.