Según lo anunciado a principios del mes de julio, la Ciudad de Buenos Aires no otorgará ni renovará la licencia de conducir a quienes estén inhabilitados para manejar por alguna causa penal iniciada por un siniestro de tránsito. Así, cuando el ciudadano porteño solicite su licencia de conducir tendrá un informe que indicará si está judicialmente habilitado o no para manejar.

Los altos índices de siniestralidad vial requieren de decisiones y acciones concretas y en distintas direcciones, una de ellas es la de contar con información confiable y unificada de los antecedentes de tránsito de todos los individuos.

Un viejo axioma dice que todo lo que no se puede medir no se puede mejorar, en tal sentido como en los países desarrollados y organizados, la única manera de control y fiscalización que existe es la unificación de las bases de datos, primero a nivel municipal, luego a nivel provincial y por último a nivel nacional. Cubriendo este objetivo, se creó hace más de diez años el ReNAT (Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito) pero que está funcionando plenamente no hace más de dos, a partir de la asunción de la nueva Dirección.

Hay tres provincias que actualmente piden los antecedentes de tránsito del individuo antes de la renovación del registro. A partir del acuerdo firmado recientemente, en pocos días también la Ciudad Autónoma de Buenos Aires estará funcionando en forma efectiva, lo cual es un avance importante en cuanto a volumen de información. En Capital Federal se tramitan a diario unas 1.000 licencias y se estima que, cuando esté operativo el sistema de consultas, un 5% de esos permisos no serán entregados por corresponder a personas inhabilitadas penalmente para conducir.

Con la incorporación de la ciudad de Buenos Aires al sistema único de antecedentes de tránsito, ya son 14 los distritos que forman parte de él. El resto de las provincias que completaron la etapa administrativa ya se encuentran en su gran mayoría haciendo pruebas técnicas del sistema. Las que ya tienen el sistema funcionando han logrado detectar una gran cantidad de inhabilitados por la justicia penal. Ahora ese organismo no va a entregar la licencia, pero si ese individuo va a un distrito que no está operando con el ReNAT seguramente logrará obtener su registro. De hecho, actualmente ya hay varias provincias que cuentan con su base local centralizada cuyos datos cruzan al momento de emitir la nueva licencia, pero no olvidemos que con esto no alcanza ya que les está faltando información de las 23 jurisdicciones restantes. En tal sentido, sería muy importante, teniendo en cuenta sus parques circulantes que las Provincias de Buenos Aires y de Córdoba adopten similares compromisos.

Más allá de la adhesión de las provincias faltantes, sería de gran importancia que en una segunda etapa se incluyan los antecedentes de faltas leves y graves y no sólo las judicializadas, datos de los seguros y de las VTV, para que posteriormente se puedan elaborar estadísticas completas y técnicamente fiables; no sólo para saber cuantitativamente las víctimas sino que fundamentalmente sean la herramienta que posibilite tomar decisiones con el fin de bajar la siniestralidad vial.

Por tal motivo, si bien se avanzó mucho en estos últimos años, este proceso debe estar acompañado por una clara y fuerte decisión política por parte del Gobierno Nacional y los distintos Gobiernos Provinciales, para que el cruce de información no dependa del funcionario de turno sino que sea una cuestión de estado que trascienda los vaivenes electorales y los potenciales cambios de administración.