Es sabido que más del 90% de los accidentes viales son causados por el factor humano. Dicho de otro modo, 9 de cada 10 siniestros son producidos por impericia en la conducción, distracciones o bien por la no observancia de las normas de tránsito. Según nuestros registros, se puede determinar que la imprudencia es el principal causante de accidentes. Exceso de velocidad, cambios intempestivos de carril, interminables charlas por celular o consumo de alcohol, son algunas de las faltas que cometen los conductores. En otras palabras: desapego a las normas.

La Ley de Tránsito es el único compendio de normas viales de carácter obligatorio que se debe aplicar en el momento de circular con un vehículo o de transitar como peatón. Es bien sabido que no es una literatura amigable o placentera y cuesta imaginarse a alguna persona leyéndola antes de ir a dormir cada noche. Es precisamente en este punto,donde se encuentran las primeras fallas de un sistema colapsado y que hace agua por los cuatro costados. Si una mínima exigencia como es la de conocer todos los derechos y obligaciones que establece la Ley para circular en nuestro país no se cumple, entonces es absurdo suponer que los conductores tengan los conocimientos suficientes como para aplicarlos en una conducción segura y responsable.

Con el fin de indagar aún más sobre esta problemática es preciso preguntarse cómo salen a nuestras calles y rutas los nuevos conductores, cuán preparados están para enfrentarse a las diferentes situaciones que presenta el tránsito, qué conocimientos tienen de manejo defensivo y cuánto conocen realmente acerca de su auto. La realidad indica que llegan sin capacitación y, en muchos casos, se tiran un lance aprendiendo a manejar mientras conducen en las calles y rutas del país. Hace un tiempo presentamos en nuestra página web una encuesta cuya consigna era ¿Cómo aprendió a manejar? Los resultados fueron sorprendentes: sólo el 10% recurrió a una academia para instruirse en el manejo, el 64% aprendió a manejar con un familiar o amigo y el 26% lo hizo solo, como los bebés que comienzan a dar sus primeros pasos para caminar y se la pasan cayéndose. Esto no solamente entraña un gran riesgo para propios y terceros sino que además rara vez se cumplen las etapas lógicas del entrenamiento. Esta forma de aprender a los golpes es traumática y poco efectiva desde la óptica del buen entrenamiento.

Existen algunas honrosas excepciones como la Provincia de La Pampa y su Sistema Único Provincial de Licencias para Conducir o bien la flamante iniciativa porteña de aumentar la exigencia del examen teórico, próximamente el práctico y el proyecto de carnet por puntos. Estas son iniciativas excelentes y las apoyamos taxativamente, pero un par de preguntas surgen automáticamente: ¿qué hacemos con el millón de bonaerenses que conducen en la Capital Federal por día?; o bien: cuando a un conductor se le quite su licencia en Capital, ¿cómo se hará para que, cruzando la General Paz, no le entreguen otra mediante un simple cambio de domicilio y estacionando entre dos caballetes como única exigencia?

Es evidente que estas medidas aisladas no bastan. Es imprescindible que exista una licencia nacional que garantice no sólo una paridad en la obtención del registro, sino que también impida que los infractores “avivados” no saquen en otros distritos su carnet, solamente con un llamado telefónico, como ocurre en algunos casos. Pero, fundamentalmente, sin la vigencia plena e intervención del Registro Nacional de Antecedentes del Tránsito se invalida el carácter nacional de otorgamiento del Registro de Licencia Única de Conducir. De esta forma, es preciso destacar que el otorgamiento de la licencia es el primer paso de un sistema anacrónico, ineficiente e incluso, en algunos casos, corrupto. Pero a la vez, por la importancia que reviste y la simpleza de la aplicación de soluciones debería estar como una de las prioridades del Gobierno. Para ello, se debería comenzar por la decisión política desde las más altas esferas del Estado, de lo contrario dependeremos siempre de las voluntades de algunos funcionarios sin el apoyo que debieran tener o bien de la proximidad de elecciones que aceleran los tiempos para mostrar resultados.