Meses atrás, desde este mismo espacio, comentábamos la necesidad de declarar el estado de emergencia vial en todo el territorio nacional, apoyando la iniciativa lanzada por el Defensor del Pueblo de la Nación. Está mas que comprobado que la situación en lo que se refiere a accidentes viales así lo requiere, agravado más aún por un comienzo de año que no da tregua en este sentido. Ante esta realidad pasmosa e ineludible, el Gobernador de Buenos Aires -una de las provincias más golpeadas por las tragedias en las rutas- no tuvo alternativa y debió declarar la emergencia vial en su distrito… mejor dicho en el distrito que el pueblo bonaerense le ha delegado la responsabilidad de administrar.

La declaración de emergencia vial que rige hasta fin de este año, observa que “la política de seguridad vial forma parte de la protección de los derechos humanos” y que “los siniestros viales son consecuencias de factores predeterminados y evitables”. De más esta decir que compartimos totalmente la obvia y tardía visión del Gobernador. Aunque convengamos que como factor positivo también admitimos que Solá fue el primero de los mandatarios provinciales que tomó el guante que están arrojando desde hace años todos las víctimas de hechos de tránsito y sus familiares, quienes a mi juicio son los únicos actores que tienen la palabra autorizada y ante los que se tienen que rendir absolutamente todos, desde los gobernantes que sólo saben leer encuestas y actuar en consecuencia, e incluso las entidades vinculadas a la seguridad vial, que repiten diagnósticos desde hace años aportando pocas soluciones.

La declaración de la emergencia vial en Buenos Aires contempla aplicar por medio de un decreto de necesidad y urgencia en “forma inmediata” un nuevo Código de Tránsito que a la vez se envía a la Legislatura como proyecto de ley. Este Código contiene varios puntos interesantes como reservar a la provincia el control y la sanción de las faltas cometidas en rutas, autopistas y caminos provinciales y nacionales. Para su juzgamiento, se crea una Justicia ad hoc y se les deja a los municipios las faltas dentro de los ejidos urbanos y su recaudación para incentivar -no obligar- que envíen los datos al Registro Único de Infracciones de Tránsito (RUIT) que hasta ahora no lo vienen haciendo. Esto se supone que fortalecerá a dicho Registro y les dará a los jueces la posibilidad de que se sancione a los infractores teniendo en cuenta sus antecedentes, lo cual evitaría que conductores inhabilitados en un municipio puedan obtener su licencia en otro. Otro punto a destacar es la vuelta de los “radares” para controlar velocidades y detectar excesos. Pero lo que agrega el Decreto es que estos dispositivos deben ser tales que “su información no pueda ser alterada manualmente”, presuponiendo que lo hacían, o bien como mínimo, que no tienen absoluto control sobre su personal.

Hasta aquí todo muy bien pero lo llamativamente optimista por la inédita ejecutividad que se adjudican, es que para todo esto dan un plazo de 20 días, es decir que en este período tendrían que haber creado los juzgados, licitar o comprar directamente los radares, adiestrar a las autoridades de aplicación, etc. Conclusión a la fecha y rozando el período de gracia, de los juzgados ni noticias, la velocidad se la controla con los radares viejos y, lo que es peor aún, se ha optado por no multar, simplemente recibirán una explicación del riesgo que supone la infracción y como dice un viejo dicho futbolero: se aplica el “siga, siga…”.

Estamos plenamente convencidos de que la situación de inseguridad vial no se soluciona solamente con controles intensos y sanciones ejemplificadoras; éstos deberían ser una pieza más del rompecabezas. Pero también es claro que se debe comenzar ya a atacar el problema con acciones contundentes y no con reprimendas como si los infractores fueran chicos del jardín de infantes. Por lo tanto, esta compleja situación no se soluciona con acciones aisladas y espasmódicas; es un problema con muchas aristas y, por lo tanto, requiere más que una conferencia de prensa con algunos anuncios por parte de unos y muchísimo más que la inacción de otros. Requiere un programa sustentable que contemple como primera medida la declaración de emergencia vial nacional y la creación de una autoridad nacional con peso y pesos para aplicarlos a un Plan Nacional que cuente con los principios básicos que venimos enumerando desde hace tiempo hasta el cansancio: inversión en una infraestructura vial anacrónica y en mal estado, unificación de criterios de otorgamiento de licencias para evitar que conductores infractores saquen el registro en otros distritos y para que se tomen en cuenta los antecedentes de cada conductor, poner en ejecución plena el Registro único de antecedentes de Tránsito porque lo que no se puede medir no se puede mejorar y, finalmente, establecer un Plan de Comunicación y Educación fuerte de prevención a toda la comunidad porque la palabra no entra sólo con la espada.

Por último, cabe destacar que los imprescindibles controles y sanciones a los infractores podrán ser efectivos, dentro de un marco de creación de cultura ciudadana que garantice un tránsito más seguro y humano para todos. Y aunque los gobernantes no se dan por enterados, esto también es protección de los derechos humanos.